Solo 13 empresas del Ibex 35 hacen públicas sus políticas anticorrupción

Sólo trece de las empresas que forman parte del Ibex 35 cuentan con una política pública específica en materia de corrupción, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

GRA064 MADRID,26/5/2017.-El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, acentúa las pérdidas con las que comenzó la sesión. EFE/MARISCAL

Abertis, ArcelorMittal, Caixabank, Día, Acciona, GNF, Repsol, Enagás, Grifols, Endesa, Iberdrola, REC, y Telefónica son las que hacen públicas sus estrategias anticorrupción, según el informe “La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35. Análisis de la calidad de la información en el ejercicio 2016”.

En este sentido, Técnicas Reunidas y Banco Santander dicen contar con “políticas corrupción”, pero no son públicas.

El estudio destaca positivamente la política de Grifols en materia de lucha la contra la corrupción porque “tiene alcance a terceros y regula también aspectos relacionados con el sector de su actividad”.

Repsol, Iberdrola y Endesa, las más transparentes

Por otro lado, Repsol, Iberdrola y Endesa son las empresas del Ibex 35 que presentan un mejor índice de transparencia en el ejercicio del año 2016, mientras que en el otro extremo se sitúan Amadeus, Viscofán y Técnicas Reunidas.

No obstante, el estudio indica que que las empresas del Ibex 35 que han obtenido las mejores puntuaciones no llegan a lo que se considera un nivel satisfactorio de información.

Para desarrollar esta clasificación, el estudio sigue una escala que va del 0 al 4, de tal forma que Repsol (1,18), Iberdrola (1,18) y Endesa (1,05) no llegan al dos, mientras que Amadeus (0,21), Viscofán (0,21) y Técnicas Reunidas (0,12) apenas obtienen puntuación.

La independencia de los consejeros, “en el punto de mira”

La independencia de los consejeros es otro de los aspectos que analiza el informe y que sitúa “en el punto de mira” porque 16 de las empresas del selectivo “no tienen mayoría de independientes en el consejo”, y ninguna contempla que la elección “deba contar con el acuerdo de los accionistas minoritarios representados en la junta general de accionistas”.

Además, solo tres compañías cuentan con al menos un consejero independiente procedente de ámbitos ajenos al mundo corporativo y con “amplios conocimientos y experiencia en integridad corporativa”.

Solamente Indra establece una duración del cargo por debajo de los 12 años, límite que establece la Ley de Sociedades de Capital.

La remuneración media de los consejeros independientes de seis empresas superaron la media anual del Ibex 35 en el ejercicio 2016, que fue de 175.000 euros: Inditex (230.000 euros), Endesa (246.000 euros), Banco Santander (271.890 euros), BBVA (295.880 euros), Repsol (319.500 euros) e Iberdrola (343.180 euros).

Consejeros de 21 empresas han ocupado cargos políticos

Otro de los aspectos que analiza el informe es la gestión de la actividad de grupos de presión, la financiación de partidos políticos y las puertas giratorias.

Un total de 21 de las empresas contaban con consejeros durante el ejercicio 2016 que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años antes de su nombramiento.

Pese a que 27 empresas del Ibex 35 informan sobre su posición en relación a las aportaciones a partidos políticos, solo dos (Acciona y Red Eléctrica) “lo hacen extensivo a sus fundaciones dependientes y a candidatos”, y sólo otras dos (Abertis y Enagás) “informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby”.

Santander, la compañía con mayor presencia en paraísos fiscales

Sobre la posición de las corporaciones respecto a los paraísos y nichos fiscales, cuatro empresas destacan por ser las de mayor presencia: Banco Santander (presente en 349), ACS (197), ArcelorMittal (128) y Repsol (97).

En cualquier caso, el informe concluye que a pesar de los datos existe un alto nivel de compromiso generalizado por parte de las empresas del Ibex 35, aunque la información facilitada en materia corrupción es insuficiente y poco precisa, y existe una desconexión entre los compromisos y los hechos, por lo que destaca la necesidad de regulación que homogeneice la información y la haga comparable.

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