DIRSE. Directivos de Responsabilidad Social

La Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social es una asociación profesional nacida en abril de 2013 y constituida por más de 150 socios entre directivos, consultores y académicos. Su objetivo es dignificar la función directiva y el desempeño profesional de los dirse, de manera que incrementen su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones.

El abogado como Dirse

Por Ana Irlán, directora de RSC y Sostenibilidad en Linares Abogados

 

Reflexionemos un instante acerca del abogado. ¿Quién es? El abogado es el consejero de confianza y el intercesor de las personas y las empresas. Se podría decir que es aquel que orienta en el ejercicio personal y profesional, teniendo en cuenta el propósito, los valores y las virtudes de la persona o empresa, para que éstas sepan realizar todas sus tareas como servicio a la sociedad. Así, trata de formar a personas o empresas con criterio propio, con madurez y firmeza de convicciones, con el conocimiento de lo que es ley (incluyendo la autorregulación o soft law) y lo que no lo es.

 

Ocurre que, cada vez más, la figura del abogado se asocia a los negocios. De aquí surge su oportunidad como motor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El abogado puede ser ejemplo de excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, casando negocio y sostenibilidad. En él se puede advertir hasta qué punto son inseparables el compromiso con la sociedad, la justicia con los más desfavorecidos y la preocupación por la naturaleza.

 

Más allá, los abogados hacen muchas cosas que tienen que ver con la RSC: escriben códigos éticos, llevan a cabo la diligencia debida con terceros, diseñan políticas de anticorrupción, de defensa de la competencia o de las relaciones con los inversores, gestionan riesgos, dirigen los departamentos de cumplimiento normativo o actúan como directivos, secretarios del consejo y otros puestos relevantes. Además, llevan a cabo prácticas pro bono (asesoramiento gratuito a colectivos necesitados u organizaciones sin ánimo de lucro), realizan campañas solidarias, desarrollan planes a medida dirigidos a la retención y atracción del talento (formación, plan profesional, entre otras), etc.

 

Por otro lado, el Dirse (Director de Responsabilidad Social Empresarial) tiene por misión velar porque la empresa impulse determinadas actuaciones que satisfagan los intereses ajenos, teniendo en cuenta a los diferentes grupos de interés (stakeholders) y a la vez que convierte la sostenibilidad en la forma en la que se hace el negocio y traduce en números el propósito y el compromiso.

 

Así pues, asumiendo las inquietudes del Dirse y aprovechando su rol en las empresas, el abogado puede promover una forma diferente de entender la ley, más allá de lo legal y en una relación más estrecha con la sociedad y el vínculo que existe entre esta y la empresa. Puede influir en el “cómo” se están haciendo las cosas y buscar alianzas para favorecer la subsistencia de los modelos más tradicionales en un nuevo entorno que exige mucha más agilidad y flexibilidad.

 

Es más, el abogado, acostumbrado a “procedimentalizar” los procesos y las políticas internas para asegurar el control, el seguimiento, la evaluación y el reporte, puede aprovechar su “metodología de trabajo” para gestionar la RSC. Esto es, este profesional, que se encarga del cumplimiento normativo, tiene entre sus objetivos identificar los riesgos y las consecuencias de una mala praxis, incorporando a la cultura de la empresa actuaciones que garanticen que todo se está haciendo correctamente y según la normativa vigente (y la autorregulación). Para esto utiliza un sistema de prevención, detección, reporte y resolución para cumplir.

 

Por esta razón, se puede decir que el abogado y el Dirse presentan elementos en común. La RSC necesita una gestión, un sistema que prevenga, detecte, reporte y resuelva para cumplir con esas “autoexigencias”.

 

Más allá, cumplimiento normativo y responsabilidad social comparten fines: trabajan la identificación y gestión de riesgos regulatorios y reputacionales, diseñan procedimientos, forman a todas las áreas, sensibilizan, promocionan valores éticos, la rendición de cuentas y la transparencia, promueven la participación activa de toda la empresa, controlan el funcionamiento del sistema, miden el desempeño y evalúan, aportan recomendaciones para garantizar la resolución de incidentes, adoptan medidas para los casos de incumplimiento, modifican el modelo para mejorarlo, etc. En definitiva, garantizan la continuidad y sostenibilidad de la empresa.

 

Entonces, no debemos obviar la importancia de la necesidad de que las empresas se doten de sistemas o modelos de gestión orientados de igual modo a trabajar su RSC y de que el abogado, el asesor de confianza, asuma un rol como Dirse y se plantee una serie de preguntas, a su hora de actuar, para valorar si un nuevo emprendimiento aportará un verdadero desarrollo integral: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué coste? ¿Quién paga esos costes y cómo lo hará? Debe inculcar la cultura del cuidado con visión sostenible.

 

En suma, el abogado tiene la oportunidad de asumir un cometido como Dirse que, relacionado íntimamente con el principio de justicia, negocia, media y lidera para responder al imperativo de devolver a la sociedad lo que esta nos ha dado y cuidar de esta casa común.

 

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