Las demandas que podrán poner los inversores del Banco Popular en los tribunales

El despacho de Bernardo Cremades y Asociados informa sobre las demandas que podrán poner los inversores y bonistas de Banco Popular tras la adquisición por parte del Banco Santander por 1 euro.

Tribunal Supremo

A la espera del informe final de Deloitte que determine si las cuentas del Banco Popular eran auténticas cuando los accionistas acudieron a la ampliación de capital, el despacho de Bernanrdo Cremades y Asociados ha informado a EFEempresas en una entrevista de las posibles demandas que pueden presentar los inversores cuando sea la hora de actuar.

“Estamos agregando a los distintos afectados, tanto accionistas como bonistas y plataformas de  afectados, viendo la información nueva que sale cada día y esperando al informe final de Deloitte para actuar”, explica Bernardo Cremades hijo.

El despacho de Cremades y Asociados demandará en vía civil y mercantil al Banco popular, paralelamente recurrirá en la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la Junta Única de Resolución y por esta vía también, el acto del FROB ante la Audiencia Nacional.

Además, exploran con inversores extranjeros la posibilidad de un arbitraje internacional contra el Estado de España.

“Vía civil, mercantil y contencioso-administrativa”

Por vía mercantil, los accionistas pueden reclamar por la Ley del Mercado de Valores, “la ley dicta que toda la información sobre los valores que se les dé a los accionistas tiene que ser fidedigna y en abril de 2017 ya quedó claro por el propio banco, que las cuentas que se utilizaron para la ampliación de capital de 2016 no reflejaban la situación del banco”, aclara Cremades.

En este sentido ya hay jurisprudencia por el caso Bankia, tras el cual se determina que, si no refleja la información que ha tenido un inversor, se le tiene que devolver el dinero conforme a la propia Ley del mercado de valores.

Mediante la vía civil, dirigida a accionistas minoritarios del Popular, reclamarán un error a la hora de comprar acciones, “vicio del consentimiento, porque no les dieron una información verdadera de cómo estaba el banco cuando compraron las acciones”, ha sentenciado.

Paralelamente, exploran la idea de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta Única de Resolución, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El reglamento de la Unión Europea mediante el que se resolvió el banco “dice que uno de los requisitos es que no haya otras alternativas viables”, comenta, “pero nosotros creemos que sí que había”.

Semanas antes, se sabía que el Banco Popular había contratado a bancos de inversión para explorar una alternativa “b” a la venta del banco en bloque, que “era una ampliación de capital”, añade.

“Había una alternativa, la ampliación de capital”

Si la ampliación de capital hubiera estado a un “precio atractivo”, mucha gente hubiera acudido, “sobre todo inversores como los grandes fondos”, aclara.

Reclama que el Mecanismo Único de Resolución, podía haber recapitalizado el banco o vender los “productos tóxicos”.

El despacho tiene pensado también presentar ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del FROB “por implementar una decisión de la Unión Europea”.

Para los inversores extranjeros, estudian acudir a un arbitraje internacional contra el Gobierno de España.

“España tiene 70 tratados de protección a inversión firmados” comenta, que protegen a inversores extranjeros cuando invierten en España y viceversa.

“Si hay una expropiación, el Estado tiene que pagar el valor justo de mercado”.

Prudencia

Algunos despachos “se han querellado ya contra el Popular” ha explicado Bernardo Cremades, quien comenta que prefiere esperar a ver la situación de las cuentas del Popular antes de actuar.

“Hay conductas reprochables, pero habrá que ver si son constitutivas de delito“, sugiere: “hay que ver si la administración del banco fue mala o hubo una administración desleal”.

Destaca que el Banco Santander ya está explorando una posibilidad de resarcir a los que acudieron a la ampliación de capital y mantuvieron las acciones hasta la venta del Popular.

“Este tema es importante” añade Cremades, el Banco Popular dijo en abril de 2017 que había errores en las cuentas que habían servido para la ampliación de capital “y eso Santander lo sabe y antes que verse inundado de pleitos que presumiblemente va a perder, prefiere llegar a una solución amistosa”.

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