La CNMC sanciona a Cepsa y BP con 3,25 millones por infracciones muy graves al recomendar precios

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha sancionado a las petroleras Cepsa con una multa de 2,5 millones de euros y a BP con otra de 750.000 euros por el incumplimiento de una resolución dictada en 2099 por la que debía eliminar en determinadas estaciones de servicio de su red cláusulas contractuales que restringen la competencia.

Gasolinera de Cepsa en Madrid. EFE

Según un comunicado de la CNMC remitido a Efeempresas, la autoridad de la competencia sancionó a Cepsa en 2009 por haber fijado indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su marca, restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de gasolineras no pertenecientes a esa petrolera.

Tras esa resolución sancionadora, Cepsa debía adaptar los contratos con determinadas estaciones de servicio de su red, en concreto las de en régimen de reventa y las de en régimen de comisión o agencia, pero que, al asumir riesgos, actúan como empresarios independientes.

Por ello, la autoridad de competencia llevó a cabo diversas actuaciones desde 2010 para vigilar el cumplimiento de esas resolución y en diciembre de 2013, según el comunicado, consideró acreditado que la petrolera había dado un cumplimento tan solo parcial a la misma.

En consecuencia, ordenó la instrucción de un expediente sancionador que se ha traducido en esta multa de 2,5 millones de euros.

En cuanto a la recusación planteada por Cepsa contra el presidente y dos miembros de la Sala de Competencia por este caso, la CNMC considera que carece absolutamente de fundamento.

Justifica su inadmisión porque no puede subsumirse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de Procedimiento administrativo.

En el caso de BP, sancionada por los mismos motivos, la CNMC explica que la cuantía de la multa, 750.000 euros, es menor por la colaboración recibida por parte de la petrolera.

Contra estas resoluciones no caben recursos en vía administrativa, pudiendo interponerse recursos contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

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