Economía y Derecho en tiempos revueltos

Economistas y Abogados

Análisis y razonamientos de economistas, abogados y expertos sectoriales sobre asuntos que afectan al mundo empresarial en un escenario alterado por la crisis

Una sociedad sin efectivo es una sociedad más justa

Por el presidente de Mastercard en el Oeste de Europa, Carlo Enrico.

 

Cada año, los países de la Unión Europea pierden miles de millones de euros en su recaudación fiscal, lo que afecta de manera directa a la inversión pública en educación, sanidad, infraestructuras y otros gastos estructurales. De hecho, el estudio anual de la “Brecha del IVA”, publicado recientemente por la Comisión Europea, indica que la situación no ha mejorado en los últimos años y muestra una tendencia alarmante: en 2014, por ejemplo, se dejaron de recaudar más de 160.000 millones de Euros en toda la UE. No hay duda, por tanto, de que un sistema efectivo de recaudación fiscal que cobre impuestos de los contribuyentes de manera justa y consiga mayores ingresos tributarios por tasas como el IVA resulta fundamental.

 

La Unión Europea y sus Estados miembro están redoblando esfuerzos para frenar la evasión fiscal. Con todo, todavía queda mucho trabajo por delante en la lucha contra la economía sumergida (o no declarada). Si bien es cierto que dicha economía sumergida consta de numerosos componentes, la parte más significativa de la misma son los consumidores que realizan transacciones legítimas con comerciantes que posteriormente no las declaran, y por tanto están evadiendo impuestos; esto es lo que se conoce como economía sumergida pasiva.

 

Los niveles de economía sumergida varían considerablemente entre los distintos países de Europa, si bien alcanzan un grado más elevado en Europa Central y del Este. En un estudio reciente de EY, desarrollado por Mastercard, se estima que la economía sumergida pasiva supone entre el 9 y el 21% del PIB en los estados del centro y este del continente. EY también calcula que el gobierno eslovaco dejó de recaudar hasta el 2,7% sobre el PIB en ingresos tributarios en 2014, y el de Polonia, aproximadamente el 2%.

 

Respecto a la información en nuestro país, si bien diversos estudios arrojan datos diferentes, todos muestran una tendencia preocupante. De acuerdo con uno realizado por Gestha y la Universitat Rovira i Virgili, en 2012 la economía sumergida alcanzó el 24,6% del PIB nacional; desde el comienzo de la crisis en 2008, continúa el informe, la actividad económica “en negro” ha ido incrementando una media de 15.000 millones de euros anualmente. Otro estudio, llevado a cabo por Friedrich Schneider de la Universidad Johannes Kepler, afirma que la actividad sumergida representa el 22,8% del PIB nacional. En cualquier caso, nos encontramos ante unas cifras notables de actividad “en B” que requieren de medidas específicas para su lucha.

 

Los pagos electrónicos como medio para aflorar la actividad sumergida

Los pagos en efectivo son el principal facilitador de la economía sumergida y un factor crucial en la evasión del IVA. Las transacciones en efectivo son intrazables y por tanto más fáciles de ocultar a las autoridades fiscales. De hecho, resulta revelador conocer que el mencionado estudio de Gestha estableció que el 70% del efectivo en España correspondía a billetes de 500 €. La solución, por tanto, pasa por promocionar los métodos de pago electrónicos, algo que empieza a calar ya entre los políticos europeos.

 

Sin embargo, la realidad es que la transición del efectivo al pago electrónico se está desarrollando de manera paulatina, incluso aunque se haya comprobado que los gobiernos que implementan medidas para facilitar el uso de pagos electrónicos experimentan un aumento en sus ingresos tributarios. De acuerdo con EY, doblar el valor de los pagos electrónicos implicaría una reducción de la economía sumergida de hasta el 3,7% sobre el PIB y un incremento en la recaudación fiscal de hasta el 0,8% sobre el PIB.

 

Con todo, la transición a una sociedad sin efectivo es un proceso gradual que precisa de políticas equilibradas, que combinen incentivos y obligaciones. En primer lugar, el desarrollo (terminalización) de una infraestructura de pagos resulta indispensable. Por ejemplo, en un esfuerzo por apoyar la accesibilidad y modernizar la infraestructura de pagos en áreas rurales, el gobierno rumano ha adoptado una normativa que regula el cashback (la devolución de dinero en efectivo tras efectuar un pago con tarjeta) en el punto de venta y obliga al vendedor a instalar un terminal a partir de cierto umbral de facturación.

No obstante, los comerciantes solo representan un lado de la historia. Por el otro, están los estados, que a diario gestionan millones de pagos en forma de impuestos, facturas, etc. Es por ello que una promoción activa de los pagos electrónicos por parte de los gobiernos tiene una importancia crítica. Cabe mencionar a este respecto el caso de Italia, donde el gobierno facilitó la aceptación de pagos electrónicos en casi 70.000 nuevas localidades y en más de 100.000 puntos de venta en todo el país; gracias a esta medida, millones de contribuyentes pueden efectuar ahora el abono de impuestos y servicios públicos de manera rápida y sencilla.

 

Una vez instalada la infraestructura, resulta también importante la adaptación del comportamiento tanto del consumidor como del comerciante. Como ejemplos de ello, cabe destacar las campañas lanzadas recientemente en Rumanía, Bulgaria y Croacia para promocionar el uso de tarjetas en la compra de lotería.

 

En resumen, existen numerosos ejemplos específicos que los gobiernos pueden seguir en su lucha contra la economía sumergida y en aras del diseño de un sistema de recaudación fiscal más sostenible y transparente. Tal y como se ha ilustrado previamente, éstos deben abogar por la transformación de toda la cadena de valor del entorno de los pagos; en general, las medidas a implementar deberían pasar por el refuerzo de las infraestructuras de pagos, el fomento de la aceptación de dichos pagos por parte tanto de comerciantes como del Estado y el incentivo a los consumidores. En ese sentido, existen numerosas medidas que España puede aplicar, y que ya se han demostrado exitosas en países vecinos, en su lucha contra la economía “en B”.

 

Las conclusiones del estudio de la brecha del IVA de la Comisión Europea subrayan la importancia de la lucha contra la evasión fiscal, mientras que las buenas prácticas en distintos puntos del continente demuestran que los legisladores pueden marcar la diferencia si adoptan las soluciones adecuadas.

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