- A pie de página

Miguel Ángel Mondelo

Blog de Miguel Ángel Mondelo, exdirector del departamento de Economía de Efe, redactor jefe de Efeempresas, Efeemprende y EFEmotor y colaborador de EfeAnálisis y del programa de RNE "No es un día cualquiera". Convencido de que la economía mueve el mundo y de que hace falta mucha pedagogía para contarlo.

Los compromisos de un Gobierno en funciones

La necesidad de revisar la senda de reducción del déficit público ha puesto de manifiesto los problemas derivados de la actual situación política. El Gobierno en funciones ha fijado unos objetivos sin saber si será el responsable de cumplirlos.

 No es un secreto que la Comisión Europea (CE) está deseando que se forme gobierno en España para pedirle que retome las reformas estructurales y modifique los Presupuestos Generales del Estado para este año, que en Bruselas se consideran demasiado optimistas. Los temores a un incumplimiento de los objetivos de déficit público, que se han confirmado ahora, vienen de lejos. En octubre, el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, ya había expresado sus dudas, lo que le valió un agrio enfrentamiento con el Ejecutivo español y un tirón de orejas del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. La constatación, el último día de marzo, de que el déficit público había superado ampliamente el 4,2% comprometido (en principio hasta el 5,16%, porcentaje que se rebajó luego al 5%), ha obligado a acelerar la toma de decisiones y ha mostrado a las claras el escaso margen de maniobra de un Gobierno en funciones, sobre todo con una posible repetición de los comicios en el horizonte. Para empezar, el Ejecutivo ha elevado del 2,8% al 3,6% el objetivo de déficit para este año, y del 1,4% al 2,9%, el de 2017. Esas ocho décimas adicionales para el presente ejercicio se repartirán entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social, principales responsables de la desviación registrada en 2015. En ambos casos, el objetivo de déficit pasa del 0,3% al 0,7%.

Los números no suenan mal, según han señalado ya algunos analistas, pero las implicaciones políticas de este cambio de ritmo en la consolidación fiscal son de calado. En primer lugar, los nuevos objetivos suponen retrasar un año el compromiso de dejar el déficit por debajo del 3%, lo que exige el visto bueno de Bruselas. Todo apunta a que la CE ya ha aceptado ampliar el plazo -aunque no lo haya anunciado formalmente- porque es consciente de que la economía española no podría soportar los recortes necesarios para cumplir lo pactado. Sin embargo, la benevolencia de Bruselas no saldrá gratis. Es probable que, a cambio, la CE exija profundizar las reformas estructurales y/o establezca una supervisión más estricta. En este punto, la pregunta que se plantea es si un Gobierno en funciones puede comprometerse a cumplir exigencias de este tipo y si Bruselas dará por buenas las promesas de un Ejecutivo con fecha de caducidad. No se puede descartar que el próximo Gobierno pida una renegociación de lo acordado en cuanto tome posesión.

Estos problemas también se plantean de puertas adentro. El Ejecutivo ya ha anunciado un recorte del gasto de 2.000 millones de euros en la Administración central y prepara medidas para que las comunidades autónomas se aprieten el cinturón, pero en ambos casos la ejecución de sus planes dependerá de las urnas o de eventuales pactos. La contención del gasto en las comunidades autónomas es aún más complicada, porque la mayoría de los gobiernos regionales apuesta por reformar el sistema de financiación, un proceso largo y complejo.

La buena noticia es que el recorte del déficit se tendrá que realizar con una economía en crecimiento, pero – y ésta es la mala- con un dinamismo cada vez menor. De hecho, el Gobierno ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento y de creación de empleo para este año y el próximo, lo que supone menos consumo y menores ingresos fiscales.

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