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Miguel Ángel Mondelo

Blog de Miguel Ángel Mondelo, exdirector del departamento de Economía de Efe, redactor jefe de Efeempresas, Efeemprende y EFEmotor y colaborador de EfeAnálisis y del programa de RNE "No es un día cualquiera". Convencido de que la economía mueve el mundo y de que hace falta mucha pedagogía para contarlo.

El reto de las pensiones

La noticia de que la Seguridad Social ha tenido que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva para pagar las pensiones ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de abordar reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La hucha de las pensiones, que llegó a acumular 67.000 millones de euros en 2011, tiene ahora poco más de 25.000. En los últimos cinco años han salido del Fondo de Reserva más de 40.000 millones para cubrir los déficit de la Seguridad Social. A este ritmo, la hucha se habrá agotado en poco tiempo. Y lo peor está por llegar.

España cuenta con un sistema de reparto, mediante el cual las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo sirven para pagar las pensiones de los jubilados. El sistema ha funcionado mientras el número de cotizantes ha superado con holgura al de beneficiarios. Sin embargo, la pirámide de población ha ido cambiando y la relación entre trabajadores y jubilados se va estrechando. Salvo que se produzca un drástico cambio migratorio, en las próximas cuatro décadas habrá 9 millones menos de personas en edad de trabajar y 8 millones más de mayores de 67 años. 

Es cierto que en la salud del sistema influyen también la creación de empleo y la calidad de los puestos de trabajo, pero el factor demográfico es determinante. España tiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo y una de las tasas de fecundidad más bajas, lo que está provocando un acusado envejecimiento de la población.

El problema no es nuevo, aunque, hasta ahora, los partidos políticos lo han esquivado por tratarse de un tema espinoso. Sin embargo, los dos últimos Gobiernos ya tomaron medidas. En 2011, se retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años y se amplió el periodo de cálculo de las pensiones desde los quince a los veinticinco años. En 2013, se cambió el mecanismo de revalorización, que estaba vinculado al IPC y que ahora depende de la evolución de los ingresos y los gastos del sistema; y se introdujo un factor de sostenibilidad ligado a la variación de la esperanza de vida.

Estas reformas, que limitan el crecimiento del gasto, tienen dos pegas: no resuelven del todo el problema e implican una reducción paulatina de las pensiones. ¿Qué se puede hacer entonces?

Al margen de fortalecer la economía y crear empleo de calidad -lo que probablemente atraerá a inmigrantes y animará a los jóvenes a formar familias-, sería conveniente fomentar la natalidad, lo que pasa por facilitar la conciliación. El problema es que se trata de medidas a largo plazo.

Para aumentar los recursos a corto plazo sería necesario elevar las cotizaciones, pero esta medida tendría un impacto negativo en la creación de empleo porque encarecería la contratación, lo que terminaría afectando a los ingresos de la Seguridad Social.

Los partidos políticos han planteado algunas alternativas, como crear un nuevo impuesto o sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad, pero todas presentan efectos secundarios. Cargar parte del gasto a los presupuestos dificultaría aún más la reducción del déficit y crear un nuevo impuesto supondría trasladar la carga fiscal de un sitio a otro.

Los expertos plantean la posibilidad de sustituir el actual sistema contributivo, más caro, por otro asistencial, más barato, que se debería completar -quien pueda- con aportaciones a planes privados de pensiones. Otra opción barajada es elevar las bases máximas de cotización y poner un tope a las pensiones más altas, la llamada “reforma silenciosa”.

En cualquier caso, medidas difíciles de tomar que deberían tratarse en el Pacto de Toledo al margen de la lucha partidista.

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