Economía y Derecho en tiempos revueltos

Economistas y Abogados

Análisis y razonamientos de economistas, abogados y expertos sectoriales sobre asuntos que afectan al mundo empresarial en un escenario alterado por la crisis

El déficit público, ¿Una cuestión de Estado?

Por Ángel Díaz Chao, doctor en Economía por la Universidad Complutense, es director general de la Fundación SEPI.

No hace mucho tiempo, en una familia media, hubo un miembro de la misma empeñado en no gastar más de lo que tenía. Por aquel entonces, surgió un debate interno sobre la conveniencia de mantener un cierto nivel de holgura.

Es decir, gastar por encima de los ingresos. Las cosas funcionaban bien, pues los ingresos iban a más, habida cuenta de que los hijos de la unidad familiar se habían hecho con un puesto de trabajo y, lejos de suponer un gasto, generaban riqueza y bienestar.

Así las cosas, un día los hijos se quedaron en paro. Al poco tiempo, uno de los cónyuges se quedó también en desempleo. El único ingreso venía del cabeza de familia. Aunque sin consenso, la unidad familiar votó por continuar manteniendo el nivel de gasto (con el único voto en contra del cabeza de familia) con la esperanza de recuperar pronto los puestos de trabajo de los miembros desempleados. Pasó el tiempo y la situación no cambió. Más bien al contrario. La riqueza que la familia había acumulado descendió en muy poco tiempo

hasta convertirse exclusivamente en deudas. La situación fue tal, que el banco estuvo a punto de desahuciarles. De hecho, algún comercial del banco estuvo reunido con el cabeza de familia para estudiar una posible refinanciación de la deuda hipotecaria que tenían. En petit comité al comercial le llamaban el “hombre de negro”. Afortunadamente, hoy en día uno de los hijos ha encontrado trabajo.

La deuda es mucho mayor que al principio de esta historia, pero no gastan más de lo que ingresan. ¿Les suena de algo? Supongo que no hace falta que les repita la historia en el contexto del sector público y la generación de deuda y déficit público en los últimos años.

El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, entendiendo como públicos el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Habitualmente, esta información viene suministrada bien en euros o bien como porcentaje del PIB, lo cual, bajo mi punto vista, sesga la percepción real del problema. Me explico. El déficit público en 2013, según datos de la Comisión

Europea, fue del 6,6% (7,1% si se incluyen las ayudas a la banca). Sin embargo, esto no significa que el sector público se haya excedido en dicho porcentaje en sus gastos respecto a sus ingresos. Ese dato simplemente refleja lo que supone, en términos porcentuales, el exceso de gasto respecto a los ingresos sobre lo que ha producido el conjunto de la economía española (el PIB-Producto Interior Bruto).

Por tanto, considero más razonable medir dicha diferencia (ingresos menos gastos) sobre los ingresos. Igual que ocurría en nuestra historieta con la familia. Si lo medimos así, el porcentaje en 2009 ascendió hasta el 31%. En 2013 ha sido el 18% (incluyendo las ayudas a la banca). ¿Se imaginan la familia anterior gastando un 31% (o un 18%) más de lo que ingresa? Ahora la historia se ve diferente, ¿verdad?

Quizás, si al inicio de la crisis hubiésemos hablado en estos términos en lugar de hablar de un déficit del 11%, la percepción del problema que se estaba generando habría sido diferente. Tal vez, se hubieran puesto en marcha mecanismos de control de gasto que atajaran con más rapidez el problema.

Volviendo a la realidad, el problema del déficit no acaba aquí. Más bien se hace mayor cuando tenemos en cuenta los distintos componentes y el control existente sobre los mismos. Me refiero a la parte que les corresponde a las Autonomías y Corporaciones Locales. Sobre todo a las primeras.

El Estado responde ante Bruselas (y ante los ciudadanos) sobre el conjunto del déficit público. Pero la realidad es que sólo una parte, el déficit del Estado, es el que él mismo controla y sobre el que tiene un poder de ejecución directa. Sobre el resto, existen mecanismos, directrices, mandatos… pero no poder de ejecución directa.

La consecuencia, hasta el momento, ha sido una desviación continua de la gran mayoría de Comunidades Autónomas sobre sus objetivos de déficit fijados por el Estado. De aquí el cambio de los objetivos de déficit simétricos (el mismo para todos), por los asimétricos.

En este último caso, cada Comunidad tiene asignado un objetivo que no tiene por qué coincidir con el de cualquier otra. Responde, por así decirlo, a objetivos más realistas y asumibles para cada Comunidad en función del estado de sus cuentas. De lo contrario, Comunidades con mayor capacidad de ahorro pueden relajarse por tener objetivos de déficit más holgados. Y viceversa. Comunidades con peor situación económica no son capaces de alcanzar los objetivos propuestos. El resultado, grandes desviaciones para todos.

Ahora bien, aunque esto haya mejorado, el nuevo problema es que Comunidades más saneadas son “invitadas” a realizar mayores esfuerzos. Aquí va mi propuesta. Creemos un mercado de derechos de déficit. Como el de derechos de emisión de CO2 de Kioto, por ejemplo. Asignemos derechos a cada Comunidad Autónoma de forma que cada derecho suponga la posibilidad de desviación en una cuantía determinada respecto al equilibrio presupuestario. A partir de aquí, dejemos que las Comunidades negocien el intercambio de derechos y cada una de ellas elija cuánto desviarse de su objetivo de déficit.

Obtendremos objetivos más realistas y, lo que es casi más importante, fijados por las propias Comunidades. Naturalmente, este mercado de derechos debería tener un organismo supervisor que controlase el buen hacer y funcionamiento de los agentes de este particular mercado.

De cualquier forma, creo que el primer paso es tener conciencia del problema que ha surgido por haber confiado en que el exceso de gasto generado se traduciría en mayores crecimientos de PIB en el corto y medio plazo. Personalmente considero que el único déficit asumible (o razonable) debe ser aquel que sustente la capacidad de crecimiento global para la economía. A mí se me ocurren dos. Sanidad y Educación.

En 2013, el endeudamiento público acabó en el 93,9% del PIB, y todo aquello que nos gastemos de más hay que financiarlo.

En definitiva, todo parece indicar que dado que quedan pocas voces pidiendo mayor gasto en detrimento del déficit, hemos consensuado que hay que realizar los esfuerzos oportunos para su reducción. Quizás, esta sea una razón para apoyar la subida de impuestos efectuada por el Ministro de Hacienda al llegar al Gobierno. En cualquier caso, yo me apunto al optimismo y aplaudo (aunque no deseo) las medidas encaminadas al equilibrio presupuestario (¡la consolidación fiscal!). Queda trabajo, mucho trabajo.

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