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Miguel Ángel Mondelo

Blog de Miguel Ángel Mondelo, exdirector del departamento de Economía de Efe, redactor jefe de Efeempresas, Efeemprende y EFEmotor y colaborador de EfeAnálisis y del programa de RNE "No es un día cualquiera". Convencido de que la economía mueve el mundo y de que hace falta mucha pedagogía para contarlo.

El conflicto de la estiba, un pulso entre eficiencia y protección

El conflicto entre los sindicatos, las empresas y el Gobierno por la reforma del sector de la estiba ha mostrado de nuevo las dificultades a las que se enfrentan los procesos de liberalización. La apertura de los mercados suele tener efectos positivos para los consumidores pero también hay perjudicados.

 

En asuntos económicos, rara vez hay soluciones absolutamente positivas; lo más habitual es que todas tengan alguna contraindicación. El papel de los gobiernos es identificar las medidas más favorables para la sociedad y tratar de paliar los casi inevitables efectos secundarios.

 

La globalización es un ejemplo claro. Millones de personas en todo el mundo, principalmente en Asia y América Latina, han salido de la pobreza en los últimos años gracias al desarrollo del comercio internacional y a la circulación de capitales.  Además, el precio de numerosos productos ha descendido de forma acelerada en las economías desarrolladas por la mayor competencia. Sin embargo, la globalización ha dejado también damnificados. Sectores de las clases medias del Primer Mundo se han deslizado en la escala social porque la industria tradicional ya no es competitiva en algunos países y ha migrado a otros con menores costes.  

 

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, captó el malestar de estos colectivos y les prometió evitar la fuga de empresas, lo que le valió la victoria electoral.  La receta proteccionista de Trump tiene pocas perspectivas de prosperar pero, de hacerlo, sería perjudicial para los consumidores estadounidenses.  Sin competencia, las empresas  no tienen incentivos para ser más eficientes, mejorar la calidad de sus productos y venderlos más baratos.  Si se imponen aranceles, los productos importados serán más caros  y los nacionales tenderán a subir.

 

En el caso de los estibadores españoles también colisionan dos planteamientos: el de las instituciones comunitarias (Tribunal de Justicia y Comisión Europea), que defienden la liberalización del sector para lograr una mayor eficiencia de los puertos, y el de los trabajadores, que temen que la reforma empeore sus condiciones laborales o les haga perder sus empleos.  Las instituciones comunitarias, y el Gobierno español, recalcan que unos puertos más eficientes rebajarán el coste del transporte marítimo y, por lo tanto, los precios de los productos transportados.  Señalan, además, que, cuanto más eficientes sean los servicios portuarios, más tráfico marítimo atraerán, lo que se traducirá en mayores ingresos y más empleos. Por el contrario, añaden, mantener el actual modelo de estiba, que limita la libre contratación de trabajadores, podría desembocar en una paulatina reducción del trafico en los puertos españoles y en una pérdida final de empleo.

 

Con el sistema actual, las empresas no pueden contratar libremente sino que deben elegir a los trabajadores que ponen a su disposición las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están obligadas a participar.  Los sindicatos creen que la libre contratación supondrá la entrada de trabajadores peor pagados, que terminarán desplazándolos.  Por eso, reclaman que, en caso de desaparecer las sagep, las empresas subroguen sus contratos. El problema es que las empresas no quieren cargar con empleados más caros, sobre todo sabiendo que los nuevos entrantes podrán contratar ya libremente a trabajadores más baratos y ser más competitivos. Un bucle difícil de deshacer.

 

La política económica nunca es neutra, como podemos ver en Europa desde que estalló la crisis financiera. Por ejemplo, la bajada de los tipos de interés favorece a los países, empresas y hogares endeudados, porque reduce los costes financieros; pero perjudica a los ahorradores, que obtienen escasos réditos por su dinero. Por eso no es extraño que los ahorradores alemanes estén de uñas con el Banco Central Europeo (BCE).

 

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